Estudio de la reclamación
Analizamos los hechos, la documentación y la relación entre el daño y el servicio público para valorar la viabilidad de la reclamación y el plazo disponible.
La responsabilidad patrimonial de la Administración es el derecho de los particulares a ser indemnizados por los daños que sufran en sus bienes o derechos como consecuencia del funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos. Para que exista, el daño debe ser real, evaluable económicamente e individualizado, el perjudicado no debe tener el deber jurídico de soportarlo y ha de existir relación de causalidad con la actuación administrativa, salvo fuerza mayor. Son supuestos habituales las caídas en la vía pública, los accidentes por el mal estado de las carreteras, las deficiencias en la asistencia sanitaria pública o los daños causados por obras. La reclamación debe presentarse ante la Administración en el plazo de un año, que en los daños personales se cuenta desde la curación o la determinación de las secuelas, y si se desestima puede acudirse a la vía contencioso-administrativa.
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Analizamos los hechos, la documentación y la relación entre el daño y el servicio público para valorar la viabilidad de la reclamación y el plazo disponible.
Preparamos y presentamos la reclamación ante la Administración responsable, cuantificamos la indemnización con apoyo pericial y seguimos el expediente hasta su resolución.
Si la reclamación se desestima o no se resuelve en plazo, interponemos recurso contencioso-administrativo y defendemos la indemnización ante los tribunales.
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