¿Cuándo no se aplica la LAU? Contratos de alquiler fuera de la Ley de Arrendamientos urbanos

VIVIENDAS DE MÁS DE 300 M² O CON RENTA SUPERIOR A 5,5 VECES EL SMI: CUANDO LA LEY DEJA DE DECIDIR Y DECIDE EL CONTRATO

Un propietario alquila su casa de campo, de 310 metros cuadrados, por 1.300 euros al mes. Un año después vende la finca y el comprador comunica al inquilino que debe marcharse. El inquilino contesta, con toda lógica aparente, que la ley le garantiza permanecer un mínimo de cinco años. No obstante, su contrato, pese a tener una renta modesta y pese a ser su vivienda habitual, quedó fuera del régimen protector de la Ley de Arrendamientos Urbanos desde el mismo día de la firma.

No es un caso de laboratorio, sino una de las consecuencias habituales del artículo 4.2 de la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos (en adelante, la «LAU»).

«Se exceptúan de lo así dispuesto los arrendamientos de viviendas cuya superficie sea superior a 300 metros cuadrados o en los que la renta inicial en cómputo anual exceda de 5,5 veces el salario mínimo interprofesional en cómputo anual y el arrendamiento corresponda a la totalidad de la vivienda. Estos arrendamientos se regirán por la voluntad de las partes, en su defecto, por lo dispuesto en el Título II de la presente ley y, supletoriamente, por las disposiciones del Código Civil».

1. Por qué la LAU es, ante todo, una ley protectora

Como sabemos, la LAU no es una norma neutral, sino que parte de una especial protección a los inquilinos en los supuestos de arrendamiento de vivienda. Por ello, buena parte de su articulado es derecho imperativo. Así lo indica expresamente el artículo 6 LAU, al establecer que son nulas, y se tendrán por no puestas, las estipulaciones que modifiquen en perjuicio del arrendatario las normas del Título II.

Esto es lo que se conoce como la ratio legis: la protección de los inquilinos en los arrendamientos de vivienda, debido a la asimetría en la relación presumida por el legislador.

De esta manera, las piezas más conocidas del sistema protector en los contratos de arrendamiento son:

1 Duración del contrato

→ Prórroga obligatoria hasta cinco años, o siete si el arrendador es persona jurídica.

2 Venta de la vivienda

→ Subrogación del comprador en la posición del arrendador en los términos previstos legalmente.

3 Adquisición preferente

→ Derechos de tanteo y retracto del arrendatario.

4 Otras garantías

→ Límites a la actualización de la renta y subrogación por fallecimiento, entre otras medidas.

Pero el legislador introdujo una excepción coherente con esa misma lógica: donde no hay desequilibrio presumible, no hace falta tutela de la LAU en los mismos términos.

2. La excepción: el arrendamiento de viviendas de gran tamaño o «muy caras»

El párrafo segundo del artículo 4.2 de la LAU excluye del régimen ordinario los arrendamientos de viviendas cuya superficie sea superior a 300 metros cuadrados, o en los que la renta inicial en cómputo anual exceda de 5,5 veces el salario mínimo interprofesional en cómputo anual.

Estos contratos se rigen por la voluntad de las partes expresada en el contrato de arrendamiento; en su defecto, por el Título II de la LAU; y, supletoriamente, por el Código Civil.

Idea clave: en estos contratos, el Título II funciona como una red de seguridad que se despliega si las partes no han regulado expresamente una cuestión en el contrato.

De esta manera, en estos contratos el Título II es solo una red de seguridad que se despliega si las partes no regularon algo expresamente en el contrato.

3. Qué se pierde exactamente

La exclusión no deja al inquilino sin derechos: devuelve al pacto la última palabra sobre materias que, en un contrato ordinario, estarían blindadas automáticamente. Cuatro ejemplos bastan para medir el alcance.

a) La duración mínima de cinco años deja de ser un derecho

El artículo 9 de la LAU pertenece al Título II. En un arrendamiento de los descritos anteriormente es perfectamente válido pactar una duración de un año sin prórroga, o incluso una facultad de resolución unilateral a favor del arrendador con un preaviso corto.

De esta manera, el arrendatario que alquile una gran vivienda o una vivienda muy cara no estará protegido por la LAU si el contrato regula estas cuestiones en favor del arrendador.

¿Qué significa en la práctica? La duración del contrato y las condiciones para ponerle fin deben negociarse y redactarse expresamente, sin confiar en que operará automáticamente la prórroga legal ordinaria.

b) La venta puede extinguir el arrendamiento si así se reguló en el contrato

El artículo 14 de la LAU obliga al adquirente de una vivienda, en caso de que esta esté alquilada, a subrogarse en la posición del arrendador durante los cinco primeros años, en los términos previstos en la ley.

En un contrato de arrendamiento sobre las viviendas antes descritas, cabe pactar lo contrario: que la enajenación de la vivienda extinga el arrendamiento.

Si ese pacto se incluye, el inquilino perdería la protección del artículo 14 de la LAU en los términos descritos.

c) Sin tanteo ni retracto

El derecho de adquisición preferente del artículo 25 de la LAU también pertenece al Título II. En un arrendamiento de los descritos puede renunciarse, de modo que el inquilino se entere de la venta cuando ya se ha consumado, sin que tenga derecho de tanteo o retracto, si la renuncia resulta válida conforme al régimen aplicable.

d) Renta, actualización y obras

Los límites a la actualización de la renta, la repercusión de obras de mejora y las limitaciones previstas para las zonas de mercado residencial tensionado se ubican igualmente en el Título II. Su aplicación a un arrendamiento sobre las viviendas descritas depende, en primer lugar, de lo que las partes hayan querido y de las normas imperativas que resulten aplicables.

En suma, como veníamos adelantando, el artículo 6 de la LAU, que declara nulas aquellas cláusulas contractuales que vulneren el Título II de la LAU, no aplica en los mismos términos a los arrendamientos de grandes viviendas o de rentas elevadas. Por ello, el control de la legalidad de las cláusulas de este tipo de contratos debe analizarse atendiendo al régimen aplicable y, supletoriamente, a lo dispuesto en el Código Civil.

4. Lo que no se puede pactar en ningún caso

La libertad no es absoluta. El artículo 4.1 somete de forma imperativa todo arrendamiento urbano a los Títulos I y IV de la LAU, con independencia de la superficie o de la renta.

A este respecto, lo más relevante que debe tenerse en cuenta es que el régimen de la fianza, regulado en el artículo 36 LAU, se aplica a los arrendamientos de vivienda con independencia del tamaño de esta o de la renta pactada.

Importante: que un arrendamiento quede excluido del régimen ordinario del Título II no significa que desaparezcan todas las obligaciones legales. Es necesario identificar qué disposiciones siguen siendo aplicables y cuáles pueden regularse mediante pacto.

5. La trampa del silencio: aviso para arrendadores

Existe una lectura errónea muy extendida entre propietarios: como el contrato está excluido, «puedo hacer lo que quiera». La norma dice otra cosa: rige la voluntad de las partes y, en su defecto, el Título II.

Por ello, lo que no se pacta expresamente se completa con el régimen del Título II que resulte aplicable por defecto.

Así, si el arrendador utiliza un modelo genérico, confiando en que la exclusión legal juega automáticamente a su favor, puede obtener el peor resultado posible: un contrato sin las cláusulas que le interesaban y con el régimen del Título II aplicándose de manera supletoria.

1 Evita modelos genéricos

Adapta el contrato a la superficie, renta y características concretas de la vivienda.

2 Regula los puntos clave

Define duración, resolución, venta, garantías y régimen económico.

3 No confíes en el silencio

La falta de una cláusula expresa puede hacer que se aplique el régimen supletorio.

4 Revisa la legalidad

Comprueba qué materias admiten pacto y cuáles siguen sujetas a normas imperativas.

La exclusión del artículo 4.2, párrafo segundo, de la LAU no es un privilegio automático; es una oportunidad de regulación que solo aprovecha quien la ejerce por escrito y con precisión.

6. Conclusión

El artículo 4.2, párrafo segundo, de la LAU afecta por igual al ático del centro de Madrid y a la casa de pueblo heredada de 320 metros cuadrados que se alquila por una renta modesta. En ambos casos, el legislador ha decidido apartarse y dejar que el contrato mande, y en ambos casos el resultado depende en gran medida de la calidad de la redacción del contrato.

Para el arrendador, es la oportunidad de diseñar la duración, las causas de resolución, las garantías y el régimen de la venta conforme a su interés real, en lugar de heredar por descuido un marco pensado para proteger al arrendatario en último lugar.

Para el arrendatario, es la advertencia de que lo que no se negocie hoy en el contrato puede determinar cómo se resuelvan sus controversias el día de mañana.

En un arrendamiento ordinario, un contrato mal redactado suele quedar integrado por las garantías que establece la ley. Sin embargo, en los arrendamientos de viviendas de más de 300 metros cuadrados o con una renta superior a 5,5 veces el SMI, el contrato adquiere un protagonismo decisivo. Por ello, tanto propietarios como inquilinos deberían revisar cuidadosamente sus cláusulas antes de firmar.

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