La impugnación de acuerdos ilegales en las asociaciones: plazos y forma de actuar

TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE LA IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS DE UNA ASOCIACIÓN

En una asociación, uno de sus miembros descubre, casi por casualidad, que la asociación a la que pertenece ha adoptado un acuerdo del que nadie le informó: un cambio en la Junta Directiva, una modificación de los Estatutos, una expulsión... A veces, incluso puede existir un acta que documenta con todo detalle una asamblea que jamás llegó a celebrarse, o que llegó a celebrarse sin que se convocase a todos los asociados. En este caso, las preguntas son: ¿Puedo impugnar un acuerdo que se ha celebrado, a priori, de manera ilegal? ¿Qué plazo tengo? ¿Cómo he de actuar?

La respuesta depende de una distinción que la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación (en adelante, “LODA”), no explica del todo bien, pero que los tribunales han ido perfilando con notable claridad. Conviene conocerla, porque de ella depende que el asunto se pueda pelear o que ya esté perdido por el transcurso de un plazo; lo explicamos a continuación.

1. Un régimen legal deliberadamente escaso

La LODA dedica a la impugnación de acuerdos poco más que un artículo. El art. 40 LODA se limita a distinguir dos supuestos y a fijar un plazo para uno de ellos, sin regular la legitimación pasiva, los efectos de la sentencia o la subsanación del acuerdo. Se trata de una regulación muy incompleta cuyas lagunas, en el ámbito de las impugnaciones, deben cubrirse acudiendo al régimen de las sociedades de capital (STS 531/2020, de 15 de octubre de 2020).

De esta manera, el citado artículo dispone:

"2. Los acuerdos y actuaciones de las asociaciones podrán ser impugnados por cualquier asociado o persona que acredite un interés legítimo, si los estimase contrarios al ordenamiento jurídico, por los trámites del juicio que corresponda.

3. Los asociados podrán impugnar los acuerdos y actuaciones de la asociación que estimen contrarios a los Estatutos dentro del plazo de cuarenta días, a partir de la fecha de adopción de los mismos, instando su rectificación o anulación y la suspensión preventiva en su caso, o acumulando ambas pretensiones por los trámites establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil."

2. Dos vías de impugnación, dos plazos distintos

El art. 40 LODA separa dos supuestos que conviene no confundir:

1 Acuerdos contrarios al ordenamiento jurídico (art. 40.2 LODA)

Pueden impugnarlos cualquier asociado o cualquier persona que acredite un interés legítimo. El precepto no fija plazo.

2 Acuerdos contrarios a los Estatutos (art. 40.3 LODA)

Solo pueden impugnarlos los asociados, y disponen para ello de cuarenta días desde la adopción del acuerdo.

El Tribunal Supremo ha explicado esta dualidad de manera clara:

(i) Por un lado, los acuerdos contrarios al ordenamiento jurídico que además contravengan una norma imperativa o prohibitiva (STS 326/2016, de 18 de mayo) podrán ser impugnados mediante una acción de nulidad radical que no estará sujeta a plazo de ejercicio:

"No toda disconformidad con la ley implica nulidad, sino tan solo cuando es una contravención directa de una norma imperativa o prohibitiva."

(ii) Por otro lado, los acuerdos contrarios a los Estatutos solo podrán anularse en un plazo de 40 días a contar desde su adopción (de forma que, transcurrido ese plazo, quedarán sanados y no podrán atacarse).

Interesa retener, además, que el objeto de la impugnación es amplio. Son atacables no solo los acuerdos de la Asamblea General, sino también las decisiones de la Junta Directiva en aplicación del art. 21.d) LODA, que se refiere en plural a los órganos de la asociación. Así se ha hecho, por ejemplo, con el acuerdo de la Junta Directiva que modificó los Estatutos al margen de la Asamblea, declarado nulo de pleno derecho (SAP Lérida 248/2022, de 31 de marzo), o con los acuerdos disciplinarios adoptados por el órgano de representación asumiendo competencias estatutariamente reservadas a la Asamblea (SAP Madrid 468/2015, de 29 de diciembre).

3. El plazo de cuarenta días: cómo se cuenta y desde cuándo

El plazo del art. 40.3 LODA es de caducidad, no de prescripción, y ello tiene consecuencias prácticas de peso: se aprecia de oficio y, por tanto, es de índole preclusiva y no susceptible de interrupción. Es decir, nada podrá interrumpir el plazo de 40 días cuando queramos impugnar un acuerdo contrario solamente a los Estatutos.

En cuanto a la forma del cómputo del plazo de 40 días, estos deben computarse en días naturales, esto es, sin excluir los días inhábiles y contando desde el mismo día de adopción del acuerdo, no desde el siguiente (entre otras, SAP Valencia 159/2020, de 16 de abril de 2020). Cuarenta días naturales dan, en la práctica, mucho menos margen del que la mayoría de la gente supone.

La literalidad del precepto sitúa el inicio del cómputo en la fecha de adopción, y esa sigue siendo la regla general. Ahora bien, el Tribunal Supremo ha admitido que ese criterio decae cuando concurren circunstancias excepcionales que impidan al asociado conocer el acuerdo y que, de mantenerse la regla general, le causarían indefensión (STS 155/2016, de 15 de marzo, y STS 420/2018, de 3 de julio); el ejemplo es la convocatoria clandestina, en la que el asociado se entera del acuerdo cuando se lo notifican o por medio de un tercero.

4. Los acuerdos nulos de pleno derecho no caducan

Aquí está el núcleo del asunto. Cuando el acuerdo no incumple los Estatutos, sino que vulnera una norma imperativa o un derecho fundamental, ya no estamos ante un defecto subsanable por el paso del tiempo.

La resolución de referencia sigue siendo la Sentencia núm. 610/2009, de 29 de septiembre, del Tribunal Supremo, que razonó que los acuerdos allí analizados eran contrarios a la legalidad por vulnerar la Constitución y la propia ley de asociaciones y que, por ello, quedaban sin plazo de caducidad para su impugnación, reservado este a los acuerdos meramente contrarios a los Estatutos.

Pero la aplicación más útil de esta doctrina está en la Sentencia núm. 256/2017, de 26 de abril, del Tribunal Supremo; en ella, un grupo de socios de una asociación absorbida por otra no fue convocado a las asambleas ni pudo votar en la elección de presidente. La Sala es tajante:

"La denegación a los demandantes de su derecho de participar y votar en las asambleas generales de la asociación y de participar en la elección del presidente constituye una infracción de la ley orgánica […] Por tal razón no es aplicable el plazo de caducidad previsto para cuando la impugnación se basa en la contrariedad con los estatutos asociativos."

En la misma línea, se ha declarado nulo de pleno derecho, sin sujeción a los cuarenta días, el acuerdo de expulsión adoptado sin dar audiencia previa al asociado, trámite que la LODA impone en su art. 21.c) (SAP Albacete 451/2019, de 18 de noviembre).

5. El caso extremo: el acuerdo que nunca existió

El razonamiento se extiende con naturalidad a un supuesto de nulidad radical: el acta que documenta una reunión que no se celebró o unos acuerdos que no llegaron a debatirse ni votarse. Si el acuerdo no se adoptó, no hay un acuerdo defectuoso, sino que simplemente nos encontramos ante un acuerdo inexistente.

La ya antes citada SAP Lérida 248/2022, de 31 de marzo, resuelve un caso de manual. En el libro de actas de una asociación de vecinos apareció una llamada redacción complementaria del acta, transcrita meses después por una persona que ni era socia ni había asistido a la asamblea, a partir de un archivo remitido por correo electrónico, y en la que figuraba la aprobación de unos Estatutos que nadie había votado. La Audiencia lo resuelve así:

"Si el acuerdo no se adoptó será inexistente y, como tal nulo de pleno derecho, lo que excluye la posibilidad de ser subsanado, confirmado, aceptado ni ratificado por la actuación posterior de los socios, de la misma manera que tampoco puede verse sanado ni convalidado por el mero transcurso del tiempo."

La Sentencia contiene, además, dos precisiones de enorme valor práctico:

  • El valor del libro de actas. Es lo primero que esgrimirá la parte contraria: el contenido del libro no es irrefutable y puede impugnarse, y los acuerdos que en él figuren serán nulos de pleno derecho cuando carezcan de los presupuestos más esenciales, esto es, cuando el asunto no estuviera en el orden del día de la convocatoria, no se debatiera y no se sometiera a votación.
  • Los actos propios no convalidan. La doctrina de los actos propios no sirve para convalidar la nulidad absoluta, de modo que el hecho de que la asociación viniera aplicando de facto lo que decía el acta no sana nada.

Conviene fijarse en cómo se ganó ese pleito, porque la lección es elementalmente probatoria: el orden del día del acta no coincidía con el de la convocatoria remitida a los socios; el acta afirmaba haber sido firmada por todos los asistentes, pero solo la firmaban el Presidente, el Secretario y un vocal que ni siquiera había estado presente; y todos los declarantes, incluida la testigo propuesta por la parte contraria, coincidieron en que allí no se aprobó nada de aquello.

6. No todo defecto legal es nulidad radical

Conviene ser honestos, porque la tesis de la nulidad sin plazo es poderosa precisamente cuando se emplea con mesura. La ya citada STS 326/2016 advierte de que, si se invocaran preceptos legales como subterfugio para escapar del plazo breve,

"se extendería injustificadamente el régimen de nulidad de pleno derecho, sin plazo de ejercicio, que solo se justifica en casos gravísimos de vulneración de norma de orden público, y se provocaría una gran inseguridad jurídica en el funcionamiento de las asociaciones."

Por tanto, que la nulidad radical pueda invocarse de manera satisfactoria dependerá no solamente de la cita de un artículo en la demanda, sino de la entidad real de la infracción legal.

7. Qué revisar antes de decidir

  • La fecha exacta de adopción del acuerdo y la fecha en que se tuvo conocimiento efectivo de él, con soporte documental que permita acreditar ambas.
  • La convocatoria y su orden del día, contrastados uno a uno con lo que dice el acta de la asamblea.
  • Las firmas del acta y la identidad de quien la redactó y de quien la transcribió al libro.
  • Los Estatutos vigentes.
  • La situación registral del acuerdo, sobre todo si afecta a la composición del órgano de representación, dado que es un extremo inscribible conforme al art. 28.1.e) LODA.
  • El respaldo de otros asociados. Cuando se discute si una asamblea llegó a celebrarse, el testimonio de quienes no asistieron suele ser la prueba decisiva.

8. Conclusión

Si el acuerdo incumple los Estatutos, hay cuarenta días y se cuentan sin contemplaciones. Si el acuerdo vulnera la ley imperativa o el contenido esencial del derecho de asociación, no hay plazo para impugnarlo.

EN DEFINITIVA

Lo que nunca nació válidamente no se sana con el tiempo.

Si crees que en tu asociación se ha adoptado un acuerdo del que no fuiste informado, o que se ha documentado una asamblea que nunca llegó a celebrarse, en LGM Abogados revisamos contigo el asunto para poder darte una respuesta clara sobre la viabilidad de tu asunto. Consúltanos sin compromiso.

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