Me operé en la sanidad privada porque la lista de espera no llegaba: ¿Puedo reclamar lo que pagué?

La escena se repite en toda España: un paciente con dolores que no le dejan trabajar ni dormir, una intervención quirúrgica prescrita, y una lista de espera que se alarga durante meses sin fecha a la vista. O una prueba diagnóstica que nunca llega mientras la enfermedad avanza. Llega un punto en el que el paciente, agotado, acude a la sanidad privada y paga de su bolsillo la operación o las pruebas que la sanidad pública no le proporcionaba a tiempo.

La pregunta se plantea ante estas circunstancias es: ¿puede recuperarse ese dinero?

Como casi siempre sucede en derecho, la respuesta es: depende. En determinados casos, la ley y los tribunales reconocen el derecho al reintegro de los gastos médicos cuando concurren ciertos requisitos, y, cuando no concurren, existe una segunda vía: la reclamación de responsabilidad patrimonial a la Administración. En este artículo explicamos ambas opciones y sus requisitos.

1. La regla general y su excepción

El punto de partida es claro: quien decide libremente acudir a la medicina privada corre con sus gastos. Así lo establecen el artículo 17 de la Ley General de Sanidad y el artículo 9 de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud: las prestaciones sanitarias públicas se facilitan únicamente en centros propios o concertados del sistema.

Ahora bien, la normativa vigente contempla una excepción de enorme trascendencia práctica, desarrollada en el artículo 4.3 del Real Decreto 1030/2006: en las situaciones de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital, atendidas fuera del Sistema Nacional de Salud, se reembolsarán los gastos cuando se compruebe que no pudieron utilizarse oportunamente los servicios públicos y que no hubo un uso abusivo de la excepción. Esto es lo que se conoce como el reintegro de gastos médicos.

2. Requisitos para que proceda el reintegro de gastos médicos

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha fijado con precisión los cuatro requisitos que deben concurrir (SSTS de 20 de octubre de 2003, STS de 4 de julio de 2007 y STS de 31 de enero de 2012) para que proceda el reintegro por parte de la Administración de los gastos incurridos en clínicas privadas. Dos de los requisitos son positivos y dos negativos; esto es, hay dos requisitos que deben concurrir y dos requisitos que no deben concurrir:

a) Primero: que la asistencia fuera urgente e inmediata

La atención sanitaria no debe admitir demora: de esta manera, esperar supondría agravar el riesgo del paciente cuya intervención es necesaria. Este requisito se valora en el momento en que el paciente tomó la decisión de acudir a una clínica privada, no a la vista del resultado posterior a la intervención. Lo relevante es si, con la información disponible antes de proceder a la intervención, era razonable pensar que el retraso podía causar un daño grave.

b) Segundo: que la urgencia fuera de carácter vital

Aquí está la clave de la mayoría de los pleitos, dado que la viabilidad de que prospere una solicitud de reintegro varía en gran medida en relación con el carácter vital de la intervención. Según la jurisprudencia, no es necesario que la vida corra peligro inminente, sin perjuicio de que este sea el elemento más sencillo para determinar el carácter vital de haber llevado a cabo una intervención a tiempo. De esta manera, Tribunal Supremo ha declarado que urgencia vital es también la que amenaza con la pérdida de funcionalidad de órganos de suma importancia para el desenvolvimiento de la persona, la que pone en peligro la curación definitiva del enfermo, o la que compromete gravemente su calidad de vida, prolongando en el tiempo dolores y sufrimientos intolerables (SSTS de 20 de octubre de 2003 y STS de 31 de enero de 2012).

A este respecto, los tribunales han llegado a apreciar el carácter vital de la intervención en supuestos de deterioro grave de la calidad y/o esperanza de vida de un paciente o en supuestos en los que no ofrecer tratamiento a tiempo pueda poner en peligro la curación definitiva (STSJ de Castilla y León 1760/2007, de 28 de diciembre), en un ingreso psiquiátrico urgente que la sanidad pública no llegó a estabilizar (STSJ de Cantabria 677/2024, de 13 de septiembre) o en tratamientos imprescindibles para conservar las funciones motoras y la calidad de vida del paciente (STSJ de la Comunidad Valenciana 661/2024, de 28 de febrero).

c) Tercero: que no pudiera utilizarse oportunamente la sanidad pública

No es necesario que la sanidad pública careciera en absoluto de medios: basta con que no los pusiera a disposición del paciente a su debido tiempo. Y aquí es donde entran las listas de espera.

El Tribunal Supremo, en la STS de 4 de julio de 2007, en la que se produjo un desprendimiento de retina que exigía operar en horas y para el que se ofrecía una espera de más de cuatro meses, equiparó la saturación de los servicios públicos (las listas de espera) a la imposibilidad de utilizarlos, cuando impiden prestar la asistencia “en un plazo justificable desde el punto de vista médico”, atendiendo al estado de salud del paciente y a la evolución probable de su enfermedad.

En este sentido, es muy importante matizar: la lista de espera, por sí sola, no da derecho al reintegro. Debe concurrir, además, la urgencia vital en el sentido que hemos explicado en el punto anterior. Una espera larga para una dolencia estable y sin riesgo no generaría, en principio, derecho al reembolso por esta vía (aunque sí puede abrir otras, como veremos).

d) Cuarto: que no exista un uso desviado o abusivo de la excepción

El paciente debe haber actuado de buena fe al haber elegido acudir a la sanidad privada. Es decir, debe haber intentado ser atendido por la sanidad pública y, de ser posible, haberla puesto sobre aviso de su situación y no haberla abandonado voluntariamente por simple preferencia por la medicina privada.

En relación con este requisito, los tribunales valoran muy positivamente que el paciente comunicara al servicio público la propuesta de intervención privada antes de operarse y que la decisión viniera precedida de reclamaciones, consultas y peticiones desatendidas. Por ejemplo, en la STSJ de Castilla y León de 27 de mayo de 2024, en la que se condenó a la Administración al reintegro de más de 50.000 euros a una paciente, se estableció expresamente que la demandante “intentó en todo momento que fuese la sanidad pública la que le atendiese y, al no lograrlo, acudió a la sanidad privada”).

Por el contrario, en algunas ocasiones se ha denegado el reintegro a quien, aconsejado de acudir a un centro privado y fuera del marco del riesgo vital, se apartó de la sanidad pública sin solicitar antes que fuera el propio sistema quien le derivara (STSJ de la Región de Murcia 816/2018, de 26 de septiembre; STSJ de Asturias 680/2023, de 9 de mayo).

3. Listas de espera y plazos máximos garantizados

En relación con el plazo máximo para el tiempo en lista de espera, el Real Decreto 1039/2011, de 15 de julio, fija tiempos máximos de acceso a determinadas intervenciones en todo el Sistema Nacional de Salud: 180 días naturales para las prótesis de cadera y de rodilla, la cirugía cardíaca valvular y coronaria y la cirugía de cataratas. Las Comunidades Autónomas, competentes en materia sanitaria, han desarrollado además sus propias normativas de garantía de plazos para intervenciones, primeras consultas de especialista y pruebas diagnósticas, con tiempos que varían de un territorio a otro y que en la práctica se incumplen con frecuencia.

La superación de estos plazos no genera automáticamente el derecho al reintegro en caso de que se acuda a la sanidad privada, pero constituye un indicio de primer orden de que la sanidad pública no atendió al paciente “oportunamente”. Pensemos en un ejemplo: un paciente pendiente de recambio de prótesis de rodilla porque el implante le ha provocado una reacción de rechazo, con dolores crecientes y dificultad para caminar, cuya espera supera con creces los 180 días del Real Decreto 1039/2011 y de la regulación autonómica. Si un informe pericial acredita que el cuadro exigía intervenir en un plazo breve para evitar daños mayores o secuelas a futuro, concurrirían todos los elementos del reintegro: urgencia, carácter vital (funcionalidad de un miembro, dolor sostenido, riesgo de agravación), imposibilidad de atención oportuna acreditada por el propio incumplimiento del plazo legal, y buena fe si el paciente optó por la sanidad privada en una situación de desesperación acreditable.

De aquí un consejo práctico esencial: antes de acudir a la sanidad privada, es de vital importancia documentar todos los elementos que puedan acreditar una urgencia vital. A este respecto, es recomendable presentar una reclamación ante el servicio de atención al paciente, solicitar por escrito la aplicación de la garantía de plazos de lista de espera, guardar los justificantes de citas y demoras y, si es posible, comunicar al servicio público que va a operarse en la privada ante la falta de respuesta por parte de la sanidad pública.

En suma, debe precisarse que la carga de la prueba de que se dan los cuatro requisitos anteriormente expuestos recaen en la persona que reclama el reintegro a la Administración, de ahí la enorme relevancia de documentar todos los elementos posibles que puedan resultar favorables.

IDEA CLAVE

La superación de los plazos de lista de espera no genera automáticamente el derecho al reintegro. Es necesario acreditar los requisitos legales y las circunstancias médicas concretas del paciente.

La urgencia médica

La urgencia, el carácter vital y la imposibilidad de utilizar oportunamente la sanidad pública deben valorarse atendiendo a las circunstancias del caso.

La prueba documental

La historia clínica, las facturas, los justificantes de las demoras y las reclamaciones previas pueden ser relevantes para acreditar los hechos.

La vía de reclamación

El reintegro de gastos médicos y la responsabilidad patrimonial son vías distintas, con requisitos y plazos propios.

4. Cómo reclamar el reintegro y en qué plazo

– Solicitud administrativa reintegro ante el servicio autonómico de salud competente, acompañando historia clínica, facturas y toda la documentación que acredite que se cumplen los presupuestos para el reintegro.

– Esperar a la resolución administrativa que acepte o deniegue la solicitud de reintegro. Es posible que la Administración no responda en el plazo de tres meses desde que se presentó la solicitud, en cuyo caso deberá de entenderse denegada por silencio administrativo negativo (artículo 129.1 y 129.3, artículo 21.3 de la Ley 39/2015 y artículo 71.5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en conexión con la STS 1069/2018).

– En caso de denegación de la solicitud de reintegro, debe presentarse demanda ante la jurisdicción social, que es la competente cuando el título de la reclamación es la urgencia vital, por tratarse de una prestación de Seguridad Social.

El plazo de prescripción es el general de las prestaciones de Seguridad Social: cinco años (artículo 53.1 de la Ley General de la Seguridad Social), computados desde que se produjo el gasto; cuando no consta acreditada la fecha de las facturas, los tribunales lo han computado desde el alta médica (STS de 11 de diciembre de 2012). Es un plazo generoso, pero no conviene apurarlo.

El papel del perito médico es o puede ser decisivo en la mayoría de las ocasiones. Es él quien, a la vista de la historia clínica, acredita que el cuadro exigía una atención que la sanidad pública no prestó a tiempo y que el retraso generaba un riesgo real para la salud del paciente.

5. ¿Y si no hay urgencia vital? La responsabilidad patrimonial de la Administración

No todos los casos encajan en el concepto de urgencia vital. Ahora bien, si la demora en operar, en diagnosticar o en realizar una prueba ha causado un daño al paciente (un agravamiento, unas secuelas, la pérdida de una oportunidad de curación, e incluso los costes de tener que acudir a la sanidad privada) sigue existiendo una vía de reclamación: la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria por funcionamiento anormal del servicio público (artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015).

Por esta vía, que se tramita ante la Administración y, en su caso, ante la jurisdicción contencioso-administrativa, puede reclamarse tanto la indemnización por los daños sufridos como el reintegro de los gastos médicos abonados en la sanidad privada. Un ejemplo ilustrativo lo constituye la STSJ de Castilla y León 2831/2015, de 18 de diciembre. En ella, se condenó a la Administración a devolver a una paciente los gastos de la clínica privada a la que acudió después de que se le denegara sin motivación suficiente una segunda opinión médica.

En relación con esta vía de reclamación, deben realizarse dos advertencias: (i) el plazo para reclamar es de solo un año desde la curación o desde la determinación del alcance de las secuelas, mucho más breve que el de la vía social; y (ii) no basta el retraso; hay que acreditar el daño que ese retraso causó y el nexo causal entre uno y otro, de nuevo con apoyo pericial. El mero incumplimiento de un plazo, sin consecuencia lesiva, no es indemnizable como regla general.

6. Las dos vías de reclamación: diferencias principales

1Reintegro de gastos médicos

¿Qué se analiza?

  • Si la asistencia era urgente, inmediata y de carácter vital.
  • Si no podían utilizarse oportunamente los servicios públicos.
  • Si no hubo un uso desviado o abusivo de la excepción.

Plazo señalado en el artículo: cinco años.

2Responsabilidad patrimonial

¿Qué se analiza?

  • Si existe un daño antijurídico acreditado.
  • Si hay relación causal entre el daño y el funcionamiento del servicio sanitario.
  • Si concurren los requisitos de responsabilidad patrimonial.

Plazo señalado en el artículo: un año, con el cómputo indicado en el texto.

7. Conclusión

Las listas de espera no son una realidad que el paciente deba soportar a cualquier precio. Quien se ha visto obligado a costearse una operación o unas pruebas en la sanidad privada porque el sistema público no llegaba a tiempo puede, en determinados casos, recuperar lo pagado.

La clave está en la estrategia: elegir bien la vía (social o contencioso-administrativa), construir la prueba desde el primer día y contar con un buen asesoramiento son los elementos clave para que estas reclamaciones puedan prosperar.

En LGM Abogados estudiamos tu caso de forma personalizada: analizamos el historial clínico, los plazos incumplidos y la viabilidad de la reclamación antes de dar ningún paso. Si te has visto en esta situación, consúltanos sin compromiso.

¿Necesitas hablar con Abogados Expertos? ¡Contáctanos cuanto antes!